Un currículum largo puede impresionar y al mismo tiempo decir muy poco. Haber ocupado varios cargos demuestra experiencia, pero no necesariamente eficacia. La pregunta verdaderamente incómoda para cualquier servidor público aparece después: ¿qué cambió mientras estuvo ahí? En el caso de Carlos Torres Piña, esa pregunta puede plantearse al menos sobre dos responsabilidades particularmente difíciles: conducir la política interna de Michoacán y posteriormente encabezar su Fiscalía General.
Son funciones tan diferentes que incluso requieren criterios distintos para evaluarlas. A un secretario de Gobierno se le puede exigir capacidad para procesar conflictos, construir acuerdos y evitar que las diferencias políticas o sociales paralicen al estado. A un fiscal hay que medirlo por investigaciones, mandamientos judiciales, combate a la impunidad y reparación a las víctimas. Mezclar ambos trabajos sería incorrecto; lo interesante es observar si existe una constante en la manera en que Torres Piña ejerció los dos.
En la Secretaría de Gobierno recibió un estado con una larga tradición de movilización social. Maestros, normalistas, transportistas, comunidades indígenas, organizaciones sociales y municipios forman parte de una dinámica política que ningún secretario puede eliminar por decreto. La función tampoco consiste en impedir que alguien proteste, porque hacerlo sería contrario a un derecho democrático. El reto es evitar que la ausencia de interlocución transforme cualquier demanda en un conflicto permanente.
Durante el periodo en que Torres Piña estuvo al frente de la política interna, el gobierno estatal reportó una reducción cercana al 67 por ciento en protestas y manifestaciones respecto del punto de partida de la administración. El dato requiere una interpretación cuidadosa: menos movilizaciones no significan automáticamente mejor gobierno. Pero cuando esa disminución coincide con la instalación de mesas de diálogo y con una ampliación de mecanismos para procesar demandas, sí ofrece un elemento para evaluar capacidad de gobernabilidad. El propio tercer informe estatal documentó esta estrategia de interlocución.
Uno de los ejemplos más interesantes ocurrió con las comunidades indígenas. Al inicio de la administración eran alrededor de once las comunidades que ejercían directamente su presupuesto; posteriormente el número creció de manera sustancial. Más allá de la cifra, el cambio implicó una transformación política: el gobierno dejó de discutir únicamente cuánto recurso correspondía a los municipios y comenzó a reconocer que determinadas comunidades podían decidir directamente sobre una parte de él. Para la Secretaría de Gobierno significó acompañar consultas, diferencias internas, relación con ayuntamientos y nuevos modelos de interlocución.
Después llegó la Fiscalía, donde escuchar y negociar ya no eran suficientes.
Una carpeta de investigación no puede resolverse mediante un acuerdo político y una orden de aprehensión no depende de habilidad discursiva. Torres Piña tuvo que pasar de una institución cuyo principal instrumento era el diálogo a otra donde el trabajo se mide mediante ministerios públicos, policías de investigación, peritos, expedientes y decisiones judiciales.
Ahí aparece uno de sus resultados más claros.
En el periodo julio de 2024-mayo de 2025 se cumplimentaron 212 mandamientos judiciales sin detenido previo. En julio de 2025-mayo de 2026 fueron 477. El incremento cercano al 125 por ciento habla de expedientes que avanzaron hasta conseguir una orden judicial y posteriormente localizar a la persona requerida. Es una medida bastante más útil para evaluar investigación que limitarse a contar detenidos en flagrancia.
Pero existe otra cifra con un significado incluso más cercano a la finalidad de una Fiscalía: la reparación del daño. Durante la gestión de Torres Piña, este indicador registró un crecimiento aproximado de 94 por ciento. Una persona puede ser detenida y una institución puede presumir la captura, pero para la víctima la historia no necesariamente termina ahí.
Recuperar patrimonio, recibir una reparación o alcanzar una solución jurídica forma parte de la justicia que muchas veces queda fuera de la conversación pública.
La impunidad completa el cuadro. La Fiscalía reportó en junio de 2026 un indicador de 67.68 por ciento frente a una media nacional de 89.42 por ciento.
Una lectura propagandística celebraría inmediatamente el dato; una lectura responsable debe empezar reconociendo que 67.68 por ciento continúa siendo demasiado. Lo relevante está en otra parte: colocarse más de veinte puntos por debajo de la referencia nacional indica que la institución consiguió mejores resultados relativos en un problema que sigue siendo enorme en prácticamente todo el país.
Esto permite valorar la trayectoria de Torres Piña de una manera distinta. Su argumento no tendría que ser simplemente que fue diputado federal, dos veces secretario de Gobierno y fiscal general. El peso de esos cargos está en haber tenido que enfrentar problemas reales y haber dejado indicadores que después pueden compararse.
Menos conflictividad social mediante interlocución, más investigaciones llegando hasta mandamientos judiciales y una mayor reparación del daño pertenecen a ámbitos diferentes, pero comparten una característica: pueden medirse.
Tampoco sería serio construir a partir de estos números una historia donde todo funcionó. Michoacán sigue teniendo conflictos sociales, las comunidades continúan enfrentando dificultades en sus procesos de autogobierno y la Fiscalía mantiene una deuda importante frente a la impunidad. Los resultados públicos tienen valor precisamente cuando se analizan junto con aquello que quedó pendiente, porque sólo entonces sirven para decidir qué funcionó y qué necesita modificarse.
Hay una diferencia importante entre experiencia y antigüedad. La antigüedad simplemente cuenta cuántos años han pasado; la experiencia debería demostrar qué se aprendió durante ellos y qué capacidad se desarrolló para resolver problemas. En Torres Piña existen más de veinte años de trayectoria, pero lo políticamente relevante no está en la cantidad de tiempo, sino en que ya ha sido sometido a la prueba de ejercer responsabilidades complejas.
Por eso, al revisar su paso por Gobernación y por la Fiscalía, la discusión puede abandonar por un momento las etiquetas y concentrarse en preguntas mucho más sencillas: ¿hubo menos conflictividad?, ¿aumentó la capacidad de investigación?, ¿hubo mayor reparación a víctimas?, ¿se redujo la impunidad respecto de otros contextos? Los números disponibles permiten contestarlas.
Ése es probablemente el argumento más sólido que puede presentar Carlos Torres Piña cuando se habla de experiencia. No pedir que se confíe en lo que promete hacer, sino permitir que se revise lo que ocurrió cuando ya tuvo la oportunidad de hacerlo.
