Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre 2019.- Para garantizar el cumplimiento en la recepción, entrega y adecuada aplicación de los recursos públicos en materia de educación, y que, a su vez, promuevan una cultura de participación social al interior de cada plantel, la Secretaría de la Contraloría capacitó a 800 beneficiarios y directivos del programa de Escuela de Tiempo Completo, de planteles.
Lo anterior, bajo la premisa de que la participación de la sociedad es uno de los pilares en los que el Gobierno del Estado, que mandata Silvano Aureoles Conejo, sustenta la práctica de la transparencia y rendición de cuentas.
En razón de ello, la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), en cumplimiento a la firma de trabajo con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), llevó a cabo la capacitación de Contraloría Social a directores, presidentes del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CEPSE), coordinadores de Contraloría Social y coordinadoras de alimentos de las escuelas pertenecientes al citado programa.
En ese sentido, la subsecretaria de Evaluación y Auditoría Gubernamental y Participación Social, Laura González Martínez, dio a conocer que aproximadamente 800 personas, de los municipios de Acuitzio, Álvaro Obregón, Ario, Charo, Chucándiro, Coeneo, Copándaro, Cuitzeo, Erongarícuaro, Huandacareo, Huaniqueo, Huiramba, Indaparapeo. Lagunillas, Madero, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Turicato y Tzintzuntzan, conocieron de las medidas que proceden para su cumplimiento y logro del programa.
Durante los dos días que se desarrolló el evento, con sede en Morelia, a los participantes se les orientó a identificar e informar de manera oportuna sobre las dificultades, irregularidades, omisiones o incumplimientos en el desarrollo, en tiempo y forma, de las acciones del Programa en las escuelas beneficiadas, así como de la correcta aplicación de los recursos para lo que fueron destinados.
Con ello, se resalta la imperante necesidad de construir una ciudadanía activa y vigilante de la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a la ejecución de obras y acciones en los servicios educativos, por lo que se refrendó el compromiso y obligación de proporcionar los mecanismos necesarios para mejorar las condiciones de vida de las y los michoacanos.